El traspaso de pistas y remontes de manos privadas a públicas ha cambiado en la última década el panorama del negocio de la nieve en España y sus objetivos: Ya no se trata solo de ganar dinero, que también, sino de mantener un motor económico imprescindible y necesario para garantizar el progreso en las regiones situadas en los aledaños de las estaciones de esquí.

 

 

Ya no importaría tanto la rentabilidad privada del negocio o los beneficios extras obtenidos con la especulación urbanística a su alrededor, sino del compromiso de las distintas administraciones para mantener los beneficios generados por el impacto económico de esa industria: se calcula en una media del 20% de la economía de los pueblos con estación de esquí procede directamente de la nieve.

 

Un elaborado informe del Diario económico del negocio del deporte Palco 23, ha echado cuentas: España tiene 30 estaciones de esquí alpino operativas, 29 de ellas adscritas a Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem). Solo la catalana Port del Comte no forma parte de esta asociación.

 

 

Veintidós de estas veintinueve estaciones están en manos de comunidades autónomas o ayuntamientos, que han acudido a su rescate a causa de su poca rentabilidad por sus dimensiones pero que suponen un motor económico para las zonas.

 

De hecho, algunas administraciones han optado por formar grupos de estaciones, como Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o el grupo de nieve Aramón.

 

 

 

En el Pirineo catalán, de las diez estaciones, siete son de capital público. Seis de ellas forman parte del grupo FGC, que opera La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter 2000, Vall de Núria y Boí Taüll. FGC también gestiona Tavascán, aunque esta es propiedad del ayuntamiento de Lladorre (Pallars Sobirà).

 

El dinero público no controla sin una de las mayores estaciones de todo el Pirineo, Baqueira Beret, con sede en el municipio de Naut Aran y presidida por Aureli Bisbe. La estación está controlada por la familia Serra y la aseguradora Catalana Occidente.

 

La sociedad a través de la que opera la estación está formada por Aranesa de Radio i Televisió, Hoteles Nevados, Hoteles Valle de Aran, Sorpe Bonaigua, Viajes Baqueira Beret y Eurl Voyages Baqueira Beret.

 

Las otras dos que tampoco forman parte de FGC son Masella y Port del Comte.

 

Masella pertenece al grupo Bosch Aymerich y la sociedad es Telesquís de la Tosa de Alp, Das y Urús. Fue fundada en 1966 por el empresario y arquitecto José María Bosch Aymerich.

 

Los terrenos de la base de la estación de esquí de Masella son de propiedad y para el resto de los terrenos dispone de concesiones administrativas en los municipios de Alp, Das y Urús, que vencen en 2044, 2025 y 2049, respectivamente, pero ampliables hasta quince años más.

 

Port del Comte, que trabaja al margen de Atudem, es propiedad de los empresarios Jaume Majoral y Francesc Moliné, que compraron la estación en el 2000 y formaron la sociedad Guimaru, que la opera en la actualidad. La estación, fundada en 1974.

 

Guimaru (con sede en la calle Mallorca de Barcelona) es la sociedad principal de Port del Comte y tal y como explica la empresa en su memoria, cuenta con diferentes centros de trabajo: la estación de ilerdense de esquí, una oficina en La Seu d’Urgell y una oficina en Barcelona.

 

 

 

En la Cordillera Cantábrica hay seis estaciones operativas y todas son de titularidad pública: Alto Campoo, San Isidro, Manzaneda, Fuentes de Invierno, Valgrande Pajares y Leitariegos. La séptima era la burgalesa Lunada, la única con capital privado y que quebró el invierno pasado.

 

 

 

En el Sistema Central, la situación es parecida, aunque hay does excepciones. De las cinco estaciones, dos son de capital privado.

 

Precisamente la que tiene más superficie, con 22 kilómetros esquiables, Valdesquí. es propiedad de la familia González de la Fuente.

 

La estación, con casi cincuenta años de historia, está situada a setenta kilómetros de Madrid, por lo que es una destinación cercana para los aficionados al esquí de la capital.

 

La otra es el Puerto de Navacerrada, que salió a subasta por parte de la Comunidad de Madrid, en 2007. Hubo varios pujadores y se la llevó  Inversiones Río S. L, asociada a Sacyr-Vallehermoso, que adquirió la explotación de las instalaciones por 328.700 euros.

 

Las tres estaciones de esquí del Sistema Ibérico son públicas. Javalambre y Valdelinares forman parte de Aramón, operan conjuntamente y son las únicas del grupo de nieve ubicadas fuera del Pirineo aragonés. Valdezcaray pertenece al Gobierno de La Rioja.

 

 

 

En el Pirineo aragonés se ubican cinco estaciones, dos de las cuales son privadas y el resto forman parte del grupo empresarial Aramón: Cerler, Formigal y Panticosa.

 

La sociedad Aramón Montañas de Aragón consolida las sociedades Castanesa Nieve, Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, Formigal, Nieve de Teruel, Viajes de Aragón Esquí y Araser.

 

Aramón tiene acuerdos con ayuntamientos de municipios como Sallent de Gállego, Panticosa y Formigal-Panticosa, Benasque y Montanuy.

 

Astún opera a través de Eivasa, fue fundada en 1970, y está participada por la sociedad Parque Residencial Miraflores, que pertenece a un grupo de sociedades cuya matriz es Construcciones Santacruz, con sede en Zaragoza. Parque Residencial Miraflores está presidida por Jesús Santacruz Guajardo, a su vez director general de la estación de esquí.

 

Y en cuanto a la estación más antigua de España junto con la Molina, Candanchú -fundada en 1928, es propiedad del grupo Ibernieve Aragón, que en 2016 adquirió el 73,84% de las acciones de la sociedad Explotaciones Turísticas de Candanchú.

 

 

 

En Sierra Nevada, la sociedad Cetursa Sierra Nevada posee “el derecho de uso y disfrute de los terrenos propiedad del Ayuntamiento de Granada por cesiones sucesivas realizadas por la Corporación de Granada entre los años 1964 y 1969”.

 

En 2006, Sierra Nevada firmó con el consistorio un contrato de arrendamiento sobre determinadas fincas ubicadas en la Dehesa de San Jerónimo y la Dehesa de Dílar, en los términos municipales de Monachil y Ciliar, respectivamente, en las que la sociedad desarrolla y explota actualmente parte de las instalaciones de la estación de esquí.

 

El contrato con el Ayuntamiento de Granada tiene una duración de 35 años prorrogables y la renta anual está fijada en 100.000 euros.